Docentes y un administrativo fueron habilitados para la función pública de manera irregular.
Las denuncias por presuntas irregularidades en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) parecen no tener fin. Esta vez, la Contraloría General de la República ha puesto bajo la lupa al Consejo Universitario (CU) por reincorporar de manera irregular a docentes y personal administrativo que habían sido inhabilitados para ejercer la función pública. Según el Informe de Auditoría N.° 012-2025-2-0223-AC, emitido en diciembre del año pasado, dos docentes y un trabajador administrativo fueron favorecidos en 2022 y 2025 por decisiones del CU, pese a que su vínculo con la institución debía haberse extinguido por sanciones impuestas por el propio ente de control.
El documento precisa que las personas sancionadas con inhabilitación no pueden ser reincorporadas automáticamente. Para volver al Estado deben someterse a un nuevo proceso.
EX RECTOR
El primer caso involucra al ex rector Nicolás Cáceres Huambo. El 23 de agosto de 2022, el CU declaró fundado el recurso de apelación que presentó contra la Resolución N.° R-191-2022-UNSAAC, que le había negado el retorno como docente a la Facultad de Ingeniería Química.
Respaldaron su reincorporación la vicerrectora académica Paulina Taco, el decano de Ciencias Olintho Aguilar, la decana de Ciencias de la Salud Evelin Andrea Rondón, la decana de Ingeniería de Procesos Mery Luz Masco y el director general (e) de la Escuela de Posgrado Óscar Valiente.
El informe recuerda que Cáceres Huambo fue sancionado cuando ejercía como rector (2016-2020) mediante la Resolución N.° 001-446 -2018-CG/SAN, con tres años de inhabilitación para ejercer la función pública, tras determinarse responsabilidad administrativa funcional. Aunque fue apartado del rectorado, no se ejecutaron las acciones de cese, destitución o despido en su condición de docente. La Contraloría cuestiona además que el CU haya ignorado el Dictamen Legal Colegiado N.° 003-2022-DAJ-UNSAAC, que establece que la inhabilitación extingue todo vínculo jurídico con la entidad pública.
OTRO DOCENTE
Un segundo caso compromete al docente auxiliar de la Facultad de Ingeniería Mecánica José Carlos Samaniego, sancionado mediante la Resolución N.° 001-802-2017-CG/ OSAN con cuatro años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, tras determinarse responsabilidad administrativa funcional por hechos vinculados a su labor en EGEMSA. La sanción debía cumplirse en octubre de 2021; no obstante, el informe señala que Samaniego continuó ejerciendo funciones docentes durante diez meses, pese a encontrarse legalmente impedido. Posteriormente, presentó un recurso de apelación contra la Resolución N.° R-0304-2022-UNSAAC, que le había negado su reincorporación, a pesar de que el Dictamen Legal Colegiado N.° 004-2022-DAJ-UNSAAC era desfavorable. En la misma sesión en la que se aprobó el retorno de Cáceres Huambo, el CU volvió a votar a favor de su reincorporación.
ADMINISTRATIVO
El tercer caso corresponde al trabajador administrativo Darío Nadives, sancionado mediante la Resolución N.° 000018-2023-CG/OSAN con un año y seis meses de inhabilitación para ejercer la función pública.
Nadives apeló la Resolución N.° 1858-2024-UNSAAC, que le había negado su reincorporación. Sin embargo, en sesión del CU del 8 de enero de 2025, su pedido fue declarado fundado, pese a que el Dictamen Legal N.° 481-2024-DAJ-UNSAAC se pronunciaba en sentido contrario. Votaron a favor el vicerrector de Investigación Roberto Acurio; los decanos Walter Vergara, Manrique Borda, Luciano Cruz, María del Pilar Benavente y Fredy Víctor Bustamante; así como la directora general de la Escuela de Posgrado Nelly Cavero. En todos los casos, la decisión fue formalizada mediante resoluciones por el actual rector Eleazar Crucinta.