El ente control recomendó denunciar penalmente a la autoridad universitaria, quien también mintió en su declaración jurada de intereses al señalar que no tenía familiares como docentes en la casa antoniana.
¿Todo queda en familia? La Contraloría General de la República vuelve a sacudir a la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC). A las reincorporaciones irregulares de docentes se suma ahora un nuevo y grave hallazgo: la contratación y renovación de familiares sin concurso de méritos, con conflictos de interés y posible falsedad en declaraciones juradas. La principal implicada es la Vicerrectora Académica Paulina Taco Llave, hoy candidata a diputada por Alianza para el Progreso (APP).
Según el Informe de Auditoría N.° 010-2025-2-0223-AC, publicado en diciembre último, durante los concursos públicos 2022 y 2023 la UNSAAC contrató y renovó docentes por invitación (contratación directa), transgrediendo las normas de acceso a la función docente. Lo más delicado: fueron beneficiados familiares directos de la autoridad antes mencionada. El informe confirma la contratación del hijo de la vicerrectora, César Paul Carbajal Taco, y de su hermana, Matilde Taco Llave, en procesos donde la funcionaria intervino de manera directa.
La Contraloría detalla que, en 2022, pese a conocer que su hijo había sido propuesto como docente invitado para la Facultad de Arquitectura e Ingeniería Civil, Taco Llave participó en la Sesión Ordinaria Virtual de la Comisión Académica Permanente del Consejo Universitario (CAPCU), que presidía. Además, integraba el Consejo Universitario, ejercía como rectora encargada y era Vicerrectora Académica, cargos con incidencia directa en las decisiones de contratación. Aunque anunció abstención, no existió respaldo documentario formal. Aun así, la contratación fue autorizada.
SEMESTRE 2022-I
Para el semestre 2022-II, cuando su hijo ya había sido contratado como invitado en 2022-I, la funcionaria gestionó la certificación presupuestal, votó como presidenta de la CAPCU la aprobación de la renovación y luego solicitó elevar el trámite al Consejo Universitario. En ese mismo periodo ejercía la rectoría encargada y aprobó en solo dos días hábiles la renovación y nuevas contrataciones sin contar con atribuciones. Esta vez, no presentó abstención. La Contraloría corrobora su actuación simultánea como vicerrectora académica, presidenta de la CAPCU y rectora encargada.
HERMANA
FAVORECIDA
El patrón se repitió en 2023. Como presidenta de la CAPCU, la funcionaria tomó conocimiento de expedientes donde figuraban su hijo y su hermana. Luego, como integrante del Consejo Universitario, votó por la autorización de contratación para 2023-II y, nuevamente, como presidenta de la CAPCU, aprobó la renovación. No hubo abstención, pese al vínculo de parentesco de primer y segundo grado de consanguinidad. En ambos casos, el informe concluye que se aprobaron indebidamente renovaciones que correspondían al Consejo Universitario y que el hijo de la autoridad fue favorecido pese a que otros postulantes obtuvieron mayores puntajes.
MINTIÓ
Uno de los hallazgos más graves apunta a la Declaración Jurada de Intereses (2023). La Contraloría señala que la vicerrectora consignó información falsa al indicar que su hijo era estudiante y no laboraba y que su hermana tampoco trabajaba, cuando ambos ejercían docencia universitaria al momento de la declaración. El documento concluye que los hechos descritos transgreden los artículos 60° y 62° de la Ley Universitaria, que prohíben nombrar o contratar familiares en el sector público, además de vulnerar el Estatuto de la UNSAAC. El informe advierte una afectación a la objetividad, transparencia e imparcialidad, dañando el normal funcionamiento de la administración pública.
ACCIÓN PENAL
La Contraloría recomendó iniciar acción penal contra la Vicerrectora Académica a través del Procuraduría Pública Especializado en Delitos de Corrupción. Asimismo, instó al rector de la UNSAAC disponer el deslinde de responsabilidades de los integrantes del CU que también autorizaron la contratación excepcional de docentes para el nivel pre pregrado sin ajustarse al límite legal permitido por la normativa universitaria.