ALTO A LA BARBARIE CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION

David Ugarte Vega Centeno

Y pensamos haberlo visto todo…

Y creímos haber sentido ya suficiente coraje e indignación…

Estamos, ahora, frente a un escenario de gravedad extrema, de absoluta in­capacidad y muy deficiente gestión en el Sector Cultura. Desde el interior del propio ente rector de nuestro patrimo­nio cultural, se pretende un atentado mortal contra los bienes culturales que lo integran, intentando entre sombras una modificación inconstitucional del reglamento de la Ley N° 28296 – Ley General del Patrimonio Cultural, que, entre otros muchos despropósitos in­cluye, y solo para hacer referencia a dos: i) la derogación del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – CIRA, facilitando el huaqueo y la des­aparición de sitios arqueológicos, sobre todo de aquellos que aún no están des­cubiertos pero que están protegidos por la Constitución Política del Estado; ii) la autorización automática de interven­ciones en bienes culturales inmuebles no prehispánicos sin proceso de evalua­ción del proyecto, además de establecer como nueva causal para el retiro de la condición cultural de un bien inmueble no prehispánico su estado de conserva­ción, lo que demuestra un atentado evi­dente a la integridad y conservación de los Centros Históricos.

Este es un segundo intento de mo­dificatoria del reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, recordemos que el pasado mes de julio también el Ministerio de Cultura pretendió parecidas reformas, ahora profundizadas y más agresivas; lo que, tanto entonces como hoy, motivan la inmediata reacción de contundente rechazo en todo el país.

Desde la Universidad, con absoluta convicción y responsabilidad, asumi­mos la posición no solo de rechazar y deplorar estas pretensiones inconsti­tucionales, altamente nocivas y anti técnicas que nos avergüenzan e indig­nan, porque vienen precisamente de la institución que tiene la competencia y atribuciones respecto a la conservación del patrimonio cultural de la nación, sino sobre todo y fundamentalmente afrontaremos con decisión y firmeza la defensa irrestricta de nuestro patrimo­nio cultural; y, pese a cualquier costo que pudiera cargársenos nos ponemos al frente para alzar la voz y también los brazos, para seguir trabajando dentro de los principios éticos y los valores, den­tro del mandato constitucional y con la fuerza de nuestra propia identidad cultural como cusqueños y miembros activos de la comunidad nacional.

Es tiempo ya de decir basta a tanta im­provisación y desatinos en la gestión del patrimonio cultural del país, es momen­to de detener las agresiones y atentados que provienen del mismo Sector de go­bierno encargado de su tutela; es ahora cuando es necesario y urgente exigir primero respeto por el significado que tiene nuestro vasto y rico legado cul­tural y junto a ello exigir eficiencia en la gestión pública. No es posible dejar que continúe una dirección política del sector, que poco o nada de conocimien­to tiene de la compleja y diversa pro­blemática del patrimonio cultural en las distintas regiones del Perú.

Es momento de repensar y fortalecer la autoridad y los roles de las instituciones públicas involucradas y plantearnos re­flexiones que sostengan y reafirmen po­siciones coherentes y válidas para hacer lo que la ley en un estado de derecho dispone, entendiendo que la conserva­ción y preservación de nuestra heren­cia cultural son el sustento de nuestra identidad cultural, nuestra autoestima y orgullo étnico, que sólo con acciones firmes y concretas que garanticen el buen destino de los bienes de nuestro patrimonio cultural, es que trascendere­mos en el tiempo.

En este artículo queremos abordar dos temas de profunda preocupación actual, sobre todo, porque consideramos im­portan graves riesgos en los procesos de una correcta gestión de los bienes integrantes del patrimonio cultural de la Nación a partir de la instancia rec­tora del Estado que, como sabemos, mantiene competencias exclusivas e ineludibles; por tanto, el acontecer de su gestión cultural necesita de acciones impostergables enmarcadas dentro de la ley y que éstas se cumplan oportuna y eficientemente.

1. Un primer tema como lo señalamos al empezar nuestro texto es el proyecto de decreto supremo que pretende mo­dificar varios artículos del reglamen­to de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, vulnerando la Constitución y otras leyes específicas y debilitando la protección del patrimo­nio cultural. Este intento modificatorio incorpora disposiciones que ponen en indefensión a los sitios arqueológicos y a los bienes inmuebles de época pos­terior a la prehispánica, propiciando su desaparición; por tanto, de prosperar esta descabellada regulación, se estaría contribuyendo a disminuir el patrimo­nio cultural de los peruanos.

Nos vamos a referir expresamente a la derogación de los CIRAs, pretensión que no estuvo contemplada en el pri­mer intento modificatorio del mes de julio de este año, y que ahora sin ningún sustento racional que esté explicado en la exposición de motivos de la cuestio­nada propuesta, se ha incluido subrep­ticiamente procurando su retiro a nivel nacional. Si entendemos que los CI­RAs constituyen una medida concreta de protección de los sitios y testimonios arqueológicos y los procesos de trámite y ejecución viene funcionando con más o menos dificultades burocráticas, pero que, no obstante van superándose, lo ló­gico es que antes de desaparecerlos se debería considerar fortalecer los meca­nismos, logística y dotación de personal profesional para atenderlos. Entonces nos surgen muchas preguntas ¿a qué razón obedece la pretensión de dero­gar los CIRAs; a quienes les perturba?; ¿cuáles serían las implicancias legales para el ejercicio de las competencias de gestión que tiene el Estado a través de sus órganos competentes?; ¿se cumpli­rán las funciones de conservación de los bienes culturales?

Que tenemos opiniones diversas, tal vez confrontadas, eso es verdad; sobre todo si es harto conocido que el Ministerio de Cultura y sus órganos desconcentra­dos no tienen la capacidad operativa ni presupuestal para atender a los cientos de miles de monumentos y sitios patri­moniales que se distribuyen en todo el territorio nacional y que hoy están des­cuidados y empeorados, sin manteni­miento siquiera, producto de la centra­lización de los dineros recaudados por Machupicchu, gracias al Decreto Su­premo N° 043-2022 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). No obs­tante, si bien esta situación es real, no es menos cierto que somos testigos de cómo operan los intereses vinculados a las distintas actividades productivas no culturales, (minería, construcciones ur­banas/o rurales, entre otros), en donde desde luego no prevalece precisamente la conservación del bien del patrimonio cultural.

Hemos sido convocados toda la comu­nidad cusqueña y nacional para protes­tar ante el peligro inminente que esta propuesta modificatoria irracional sig­nifica y estamos respondiendo, nos une el derecho de exigir respeto por el patri­monio cultural y eficiencia en la gestión pública.

2. El otro tema de preocupación e in­dignación justificada es la improvisa­ción manifiesta, que se está entronizan­do dañinamente en el aparato estatal a cargo de la rectoría del patrimonio cul­tural. En pocos días se han designado e inmediatamente cambiado a los direc­tores generales, precisamente del área de Patrimonio Arqueológico, además de otros funcionarios de otras depen­dencias orgánicas, que no cumplen los perfiles profesionales, pero sobre todo éticos para el ejercicio del cargo. Nos seguimos preguntando ¿hasta cuándo se seguirá experimentando? o, mejor dicho, ¿hasta cuándo se continuará tra­tando de imponer a amigos, exjefes y/o adherentes cuestionados y sancionados por infracciones administrativas?

Consideramos que el patrimonio cul­tural de la Nación y la comunidad na­cional no se merecen estas conductas abiertamente desafiantes, irreverentes e irrespetuosas. Estamos convencidos que los procesos que correspondan llevar adelante para corregir las deficiencias y desatinos provocados por la inma­durez de la gestión actual y recuperar autoridad y confianza, deben considerar ampliamente en primer lugar, el signi­ficado, relevancia, valores y propósitos del patrimonio cultural como signo de identidad cultural del Perú y su tras­cendencia a las generaciones futuras; las competencias del Estado fijadas por la Constitución y las leyes de la materia; y, el fortalecimiento de capacidades de los órganos competentes encargados de gestionar el patrimonio cultural, entre otros.

El llamado está hecho, unámonos para detener todo acto o propósito, venga de donde venga, con la pretensión de des­proteger y disminuir el legado cultural de los peruanos.

Desde el Cusco, convocamos a la na­ción, a generar acciones que impidan esta provocación manifiesta, de lo con­trario, volveremos a las calles, a expresar nuestra indignación y parar este atro­pello. Si en otrora, impedimos y de­rrotamos la pretensión de Fujimori de construir un teleférico en el Santuario Histórico de Machupicchu con el único objetivo de elevar la carga de visitantes, hoy, paralizaremos y derrotaremos los intereses oscuros que están detrás de esta propuesta.