Desde el 12 de abril inicia el juicio oral contra el congresista Alejando Soto Reyes
El congresista de la República, Alejandro Soto Reyes es uno de los que recibió mayor respaldo de los cusqueños; sin embargo, al igual que sus colegas, ahora es criticado y rechazado, debido a su comportamiento político y por las denuncias que recién se conocen. Una prueba de esto, es la acusación de 8 años y 8 meses de prisión que ha solicitado la fiscal Etel Marquina Rodríguez de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cusco, por los presuntos delitos de estafa que habría cometido el año 2012, en agravio de la Empresa de Transportes Turísticos Waynapicchu S.A; donde prestaba los servicios de asesor legal. Todo está comprendido en el expediente judicial N° 04793-2018-91-1001-JR, que el próximo 12 de abril inicia etapa de acusación oral.
COBRÓ SIN TRABAJAR
La primera estafa que habría cometido, el hoy congresista por Alianza para el Progreso sería por no haber cumplido con el servicio para el que fue contratado, pues la “elaboración de Estatutos Modificados de la Sociedad, por el monto de S/ 10 mil, cancelándose el 50% a la firma del contrato”, nunca fue entregado de manera completa. La denuncia señala que el “producto ofertado”, debía ser presentado en el plazo de quince días hábiles, bajo un cronograma que nunca se cumplió y que, con el apoyo de otros trabajadores de la empresa, Soto Reyes “cobró par más del 100% de lo pactado”.
La empresa terminó desembolsando: US$ 1 945.52 mediante cheque de fecha 23-10-20122. S/ 5 mil 555, mediante recibo par honorarios N° 002-000693 del 23-10-2012, S/ 5 mil mediante cheque de fecha 12-12-2014 y S/ 5 mil 555 mediante recibo par honorarios N° 002-000823 del 12-12-2014.
LES VENDIÓ SU PROPIO TERRENO
La confianza que le tenían los propietarios y directivos de la empresa Waynapicchu al abogado Alejandro Soto, habría sido muy bien aprovechada, por el ahora congresista, pues además que haber cobrado por un trabajo que nunca terminó, también les habría vendido un terreno que era suyo, por un valor exponencialmente mayor al que pagó y encima, con menos tamaño. “El acusado Alejandro Soto Reyes, vendió a la empresa agraviada, para la cual prestaba servicios como asesor legal, un predio en US$ / 265 mil, cuando ocho meses atrás, la había comprado por US$ / 5 000 mil, habiendo incrementado el precio en más de 5 000 %”, señala parte de la acusación.
Soto Reyes, para lograr vender el predio por este valor, se habría valido de distintas artimañas, según la pesquisa fiscal, pues nuca habría informado a los propietarios de la empresa que los terrenos eran suyos y que le costó mucho menos dinero. “contrataron los servicios del acusado Marco Antonio Quenta Escalante, de profesión ingeniero Agrónomo, que coincidentemente es hermano de José Carlos Quenta Escalante (personal de años de Alejandro Soto Reyes); para fines de la elaboración del Plano perimétrico de localización y ubicación del fundo rustico ubicado en la Comunidad Campesina de Ayamarca Pumamarca del Distrito de San Sebastián; por S/ 7 mil; habiendo emitido el documento denominado memoria descriptiva del predio, de fecha diciembre de 2014, en el cual, consignó falsamente que el área del terreno presuntamente adquirido por la empresa, era de 879.9 m2, cuando en la realidad es de 640.61 m2, en perjuicio de los representantes de la empresa”. Es decir, les vendió 239.29 m2 (metros cuadrados) menos.
Encima de todo, con el consentimiento de los trabajadores administrativos de la empresa, “el impuesto a la renta de segunda categoría, que correspondía ser asumido por el vendedor del predio, Alejandro Soto Reyes en S/ 24 mil 879, terminó siendo pagado por la empresa”. En su declaración ante fiscalía, Soto Reyes adujo que, “Aclaró que el contrato en su cláusula sexta, establece que los gastos y tributos serán asumidos íntegramente por el comprador, señaló además que durante los 5 años no recibió Carta Notarial alguna ni de otra índole en la que tengan alguna reclamación respecto a la compra venta antes indicada; la venta del terreno se realizó a través de la inmobiliaria Los Faros que puso como asesor de ventas a Juan Durand Gonzales, precisando que la empresa denunciante compró el terreno por acuerdo del Directorio”, dijo Soto.
El delito cometido por Alejandro Soto, sería Contra el Patrimonio, en la modalidad de Estafa, sub tipo Estafa Genérica en grado de consumada, prevista y sancionada en el artículo 196° del código penal. Además, existiría Concurso Real de Delito, pues varios de los acusados habrían participado de manera simultánea en más de un hecho punible. Cabe resaltar la experiencia de la fiscal Etel Marquina, quien ocupó el cargo de fiscal anticorrupción en el Ministerio Público de Cusco.