Luis Miguel Basualdo Mendoza, ex presidente de la Federación Deportiva Peruana de Karate, enfrenta una nueva denuncia por presuntos tocamientos indebidos contra una adolescente en Quillabamba. Otras exalumnas ya lo habían señalado por hechos similares. Mientras tanto, la investigación fiscal acumula demoras y cuestionamientos.
Durante años, Luis Miguel Basualdo Mendoza fue una figura de autoridad para niñas y adolescentes que acudían a su escuela de karate Do Bushido, en Quillabamba. Hoy, el ex presidente de la Federación Deportiva Peruana de Karate enfrenta una nueva denuncia por presuntos tocamientos indebidos contra una alumna de 13 años. No es la primera vez que su nombre aparece en acusaciones de esta naturaleza.
CAMBIOS. Según la denuncia de la familia, la adolescente conocía al instructor desde los seis años. Cinco meses antes de acudir a la Fiscalía, sus padres comenzaron a notar cambios en su comportamiento. La menor habría relatado presuntos acercamientos físicos que terminaron en tocamientos en los glúteos durante los entrenamientos. El último episodio habría ocurrido el 23 de agosto de 2026.
La investigación también comenzó con tropiezos. El 17 de septiembre debía realizarse la entrevista única en Cámara Gesell, pero fue suspendida porque el investigado no había sido notificado oportunamente. La abogada Kati Miranda Candia cuestionó las dificultades del procedimiento. Además, la familia expresó suspicacias por la presunta vinculación laboral de Tildo Basualdo, hermano del investigado, con el área de notificaciones del Ministerio Público.
Aunque la Cámara Gesell finalmente se realizó el 1 de octubre, la familia seguía esperando respuestas. Edwin Cáceres Angulo, jefe de Medicina Legal en La Convención, aseguró que cumplió con los plazos de su trabajo y remitió la información pericial al juzgado, pero reconoció limitaciones por falta de personal. El funcionario es el único psicólogo de esa oficina en la provincia, donde ocho trabajadores atienden a víctimas de violencia.
Las explicaciones tampoco llegaron desde la Fiscalía. El fiscal del caso, Alex Moreano Huayhua, estaba de vacaciones y el despacho del fiscal provincial Giovanny Mandujano no autorizó declaraciones. La Defensoría del Pueblo, a través de su responsable provincial, Raysa Pacheco Puma, tomó conocimiento de las dificultades. La falta de especialistas y recursos vuelve a poner en cuestión la capacidad institucional para atender oportunamente estos casos.
ANTECEDENTE. El antecedente más delicado data de noviembre de 2020, cuando Sol Cabrera Aragón denunció al mismo entrenador por presuntos tocamientos que, según su testimonio, ocurrieron cuando era menor de edad. La deportista, tres veces campeona nacional de karate, hizo pública su denuncia, pero el caso terminó archivado. La abogada Kati Miranda Candia sostuvo que Basualdo no fue absuelto y cuestionó los argumentos jurídicos que sustentaron el archivamiento. Otras exalumnas también figuran con denuncias en el sistema fiscal.
Qosqo Times buscó la versión del investigado, pero no obtuvo sus declaraciones. Su esposa, Mariela Pérez Céspedes, evitó responder sobre la denuncia y afirmó que su esposo es inocente. Basualdo también ha rechazado las acusaciones y las ha relacionado con supuestos conflictos personales y profesionales. Entretanto, la escuela anunció su apartamiento temporal como instructor mientras duren las investigaciones, aunque todavía deben garantizarse medidas efectivas de protección para los menores.
En Quillabamba, las movilizaciones exigen justicia para la adolescente. Ada Santos, coordinadora del colectivo Nosotras Decidimos, rechazó los cuestionamientos contra estas manifestaciones y defendió el acompañamiento a la víctima. La pregunta sigue siendo inevitable: ¿cuánto más debe esperar una menor para obtener respuestas? Una nueva denuncia, antecedentes que no pueden ignorarse y una investigación con demoras ponen a prueba al sistema de justicia. La familia espera que esta vez el caso no termine archivado y que la verdad no quede atrapada en los pasillos de la burocracia.