Dos primos hermanos fueron detenidos cuando intentaban recoger un paquete utilizado como señuelo en un operativo policial.
Dos alcaldes de la provincia de Canas vivieron cerca de un mes bajo amenazas de muerte y extorsión. César Noa García, alcalde de Kunturkanki, y Walter Oroche Quispe, alcalde de Quehue, recibieron llamadas y mensajes intimidatorios en los que les exigían S/ 200 mil y S/ 100 mil, respectivamente. Los extorsionadores no solo reclamaban el dinero, sino que amenazaban con atentar contra sus vidas y las de sus familiares. Como parte de la intimidación, también enviaban fotografías de municiones y explosivos. Las amenazas comenzaron a principios de octubre y se intensificaron durante los últimos días.
El general PNP Virgilio Velásquez, jefe de la Región Policial Cusco, informó que ambos casos fueron denunciados por separado, pero las primeras diligencias permitieron identificar indicios de que una misma organización estaría detrás de las extorsiones. Para dar con los responsables se desplegó personal especializado de Inteligencia de Cusco, el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Sicuani y efectivos de la comisaría de Descanso. Incluso se coordinó con personal tecnológico de Lima para geolocalizar las llamadas y rastrear los desplazamientos de los sospechosos. “En la denuncia nosotros determinamos que era la misma banda que estaba extorsionando a ambos alcaldes”, sostuvo Velásquez, aunque precisó que esta hipótesis todavía está en investigación.
La intervención se concretó después de que los extorsionadores aceptaran reducir sus exigencias y acordaran recibir S/ 50 mil. Sin embargo, los alcaldes tampoco disponían de esa cantidad, por lo que la Policía preparó un paquete con una suma de dinero y elementos ocultos para simular la entrega. El señuelo fue colocado debajo del puente Asunción, en el distrito de Checca. La noche del acuerdo, Ray Roque Quispe, de 33 años, llegó en una motocicleta para recoger el paquete, momento en que fue intervenido por los agentes. Posteriormente, las diligencias permitieron detener a su primo hermano, Luj Choquehuanca Roque, de 30 años. Ambos permanecen detenidos en flagrancia delictiva. El general aclaró que los S/ 50 mil acordados no fueron colocados íntegramente en el paquete.
Durante el operativo se incautaron dos teléfonos celulares, una computadora portátil, dos chips, una tarjeta bancaria y la motocicleta utilizada para recoger el paquete. Según Velásquez, los celulares contienen los mensajes extorsivos enviados a las víctimas y las respuestas de los alcaldes. Para examinar estos elementos también participaron peritos informáticos trasladados desde Cusco.
Respecto a los antecedentes, indicó que Luj Choquehuanca Roque registra una denuncia y una carpeta fiscal pendiente por el presunto cobro indebido de un cheque relacionado con un trabajo que no habría cumplido. Asimismo, ambos intervenidos habrían trabajado en la Municipalidad Distrital de Checca durante 2013 y 2014. Uno de ellos también sería proveedor de dicha entidad.
Pero el caso tiene un elemento que compromete el ámbito municipal y que todavía requiere explicaciones. La motocicleta incautada tendría registro de propiedad de la Municipalidad Distrital de Checca. Según las primeras indagaciones policiales, un ingeniero que conducía la unidad habría prestado el vehículo a uno de los intervenidos. ¿Cómo terminó una motocicleta municipal siendo utilizada para recoger un paquete en una operación vinculada con una extorsión? ¿Quién autorizó su préstamo y bajo qué circunstancias? «En la investigación se determinará cómo, por qué llega a las manos del presunto extorsionador», manifestó el general Velásquez. Por ahora, tampoco descartó que puedan establecerse otras responsabilidades.
El alcalde de Kunturkanki, César Noa García, reveló otro detalle inquietante: uno de los presuntos extorsionadores habría alquilado una habitación junto a su vivienda para vigilar sus movimientos. Aseguró que no conocía a los intervenidos ni había tenido problemas con proveedores o trabajadores municipales que pudieran explicar las amenazas. Relató que recibía llamadas durante las noches y mensajes en los que advertían que atentarían contra su vida y la de sus familiares. «Uno de los extorsionadores había logrado alquilar su cuarto justo al lado de mi casa. Entonces nos tenían vigilados cada movimiento», denunció. El burgomaestre también cuestionó que se pretenda asociar el cargo de alcalde con una supuesta disponibilidad de dinero: «Ser alcalde no es sinónimo de tener riqueza».
Por su parte, el alcalde de Quehue, Walter Oroche Quispe, precisó que las amenazas contra su persona comenzaron el 6 de octubre y que su familia atravesó momentos de angustia. “Desde ese entonces mi familia, que me rodea, hemos estado en angustia, momentos difíciles”, relató. Señaló que tuvo que adoptar precauciones ante el temor por su seguridad y destacó que participó en las coordinaciones con la Policía desde las primeras horas del día previo a la intervención y hasta la madrugada. Ambos burgomaestres agradecieron el acompañamiento de los agentes y pidieron que se esclarezcan los hechos. La Policía, entretanto, invocó a otras posibles víctimas de extorsión a presentar sus denuncias ante el Depincri de Sicuani.
Aunque la Región Policial Cusco presentó el operativo como un golpe contra una presunta banda que comenzaba a operar en las provincias altas, la captura de dos sospechosos no cierra el caso. Todavía falta determinar si existen más integrantes, si hubo otras víctimas y qué conexiones permitieron que los presuntos extorsionadores conocieran los movimientos de los alcaldes. También queda pendiente esclarecer la participación de terceros en el uso de la motocicleta municipal. “Si hay más participantes, obviamente durante la investigación vamos a determinar y se va a proceder conforme a ley”, aseguró Velásquez. La investigación deberá establecer las responsabilidades individuales y determinar si detrás de las amenazas contra las autoridades de Canas existe una estructura criminal con mayores alcances.