Ronald Coaquira, de 29 años, murió tras ser detenido en Sicuani. El jefe policial no pudo garantizar que sus agentes estén libres de responsabilidad y la Fiscalía aún debe corroborar la hipótesis de suicidio con pericias y testimonios.
La muerte de Ronald Coaquira, de 29 años, dentro de la comisaría de Sicuani, en Canchis, abre interrogantes sobre la seguridad de los detenidos y la actuación policial. Intervenido durante la madrugada del 14 de octubre por el presunto delito de conducción en estado de ebriedad y peligro común, el joven fue encontrado suspendido con una chompa anudada al cuello y a los barrotes de su celda. La Policía sostiene que habría intentado quitarse la vida, pero la Fiscalía considera que esa hipótesis debe ser corroborada con pericias y otras diligencias.
El coronel Oris Díaz Salas, jefe de la División Policial de Sicuani, señaló que la intervención comenzó luego de que cámaras municipales detectaran un vehículo que realizaba maniobras temerarias en el jirón Jesús Gaona. Según su versión, el dosaje etílico de Coaquira dio positivo y fue conducido a la dependencia. Entre cinco y diez minutos después de su ingreso a la celda, el suboficial Alegre, encargado de la custodia, habría escuchado ruidos y lo encontró suspendido. Los agentes aseguran que intentaron auxiliarlo y lo trasladaron en un patrullero al hospital. Sin embargo, Díaz Salas admitió que no podía precisar si el joven llegó con vida al establecimiento de salud y reconoció que pudo haber fallecido durante el trayecto.
El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Cusco, Manuel Mayorga, confirmó que el Ministerio Público recibió la comunicación policial sobre la detención alrededor de la 1:00 o 1:15 de la madrugada y que, aproximadamente una hora y quince minutos después, los agentes reportaron lo ocurrido. La fiscal acudió a la comisaría junto con personal de Investigación Criminal y encontró una chompa suspendida de una de las rejas. “Al parecer, eventualmente, y eso lo confirmarán en todo caso las investigaciones que se prosigan, podría haberse utilizado para una situación de aparente autoeliminación”, declaró Mayorga. El fiscal superior precisó que se trata de una hipótesis que aún debe verificarse.
Uno de los principales obstáculos para esclarecer el caso es que la comisaría no cuenta con cámaras de seguridad en el interior. “No tenemos cámaras dentro de la comisaría”, reconoció Díaz Salas. Ante la falta de registros audiovisuales, adquieren mayor importancia los testimonios, la inspección de la escena y la documentación del traslado al hospital. Mayorga informó que la fiscal recogió las declaraciones del policía encargado de la custodia y de otro detenido que permanecía en una celda contigua. Este último habría escuchado al agente pedir ayuda tras advertir la emergencia. Ambos testimonios deberán contrastarse con pruebas independientes.
También debe esclarecerse cómo Coaquira pudo conservar una chompa que, según la hipótesis policial, habría utilizado para suspenderse. Díaz Salas afirmó que los detenidos son registrados para retirar objetos peligrosos, como correas y pasadores. Mayorga indicó que la necropsia habría identificado lesiones externas longitudinales en el cuello, pero que las evaluaciones médico-legales deberán determinar si son compatibles con la prenda hallada. Las referencias policiales sobre el comportamiento del joven antes de ser encontrado y sus presuntos problemas personales no demuestran por sí solas que se haya suicidado. La investigación deberá establecer qué ocurrió dentro de la celda y si se cumplieron los protocolos de vigilancia y prevención.
Respecto a las responsabilidades, Díaz Salas confirmó que el suboficial Alegre fue intervenido y trasladado a Investigación Criminal. Posteriormente, la fiscal dispuso su libertad y quedó en condición de citado. Esta decisión no significa que la investigación haya concluido ni determina la inexistencia de responsabilidades. El Ministerio Público deberá establecer si existen elementos para atribuir responsabilidades penales, mientras que la Inspectoría de la Policía Nacional podrá evaluar eventuales faltas administrativas. La demora de varios días en ofrecer explicaciones también fue cuestionada por periodistas de Sicuani. El coronel negó que se buscara ocultar información, pero, consultado sobre si podía garantizar que sus agentes no tenían responsabilidad, respondió: “Yo no podría poner las manos al fuego”.
La Fiscalía deberá reconstruir la secuencia desde la intervención de Ronald Coaquira hasta la comunicación de su muerte, incluidos los tiempos de vigilancia, el hallazgo de la chompa y el traslado al hospital. Las declaraciones de Mayorga confirman que la presunta autoeliminación sigue siendo una hipótesis pendiente de corroboración, mientras que las explicaciones policiales dejan interrogantes sobre el momento exacto del fallecimiento y las condiciones de custodia. Las pericias deberán establecer la causa y las circunstancias de la muerte, así como las eventuales responsabilidades. Coaquira falleció bajo custodia policial y su familia merece respuestas sustentadas en pruebas.