La aprobación unánime del Plan Maestro del Santuario Histórico de Machu Picchu 2026–2030 por parte de la Unidad de Gestión de Machu Picchu (UGM) marca, sin duda, un punto de quiebre tras años de improvisación, conflictos sociales y decisiones postergadas alrededor del principal patrimonio cultural del país. Sin embargo, más allá del discurso oficial y las felicitaciones mutuas, el verdadero desafío empieza ahora: pasar del papel a la acción, en un territorio históricamente tensionado por intereses económicos, políticos y sociales.
El documento aprobado en la I Sesión Extraordinaria 2026 es presentado como un “hito histórico”, y no es para menos. Han pasado más de cinco años sin un Plan Maestro vigente, periodo en el que Machu Picchu operó prácticamente sin una hoja de ruta clara, exponiéndose a crisis recurrentes, protestas, cuestionamientos sobre el transporte, el aforo y la informalidad, así como a un deterioro progresivo de su gobernanza. La pregunta inevitable es por qué el Estado permitió llegar a ese vacío de planificación.
El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, quien preside la UGM, junto a los ministros de Cultura, Ambiente y Comercio Exterior y Turismo, han coincidido en destacar el carácter participativo del plan, elaborado a lo largo de seis años con más de 400 actores locales. No obstante, esa amplia participación también obliga a una rendición de cuentas más rigurosa: ¿qué demandas históricas de las comunidades fueron realmente incorporadas y cuáles quedaron, una vez más, relegadas?
Desde el sector Cultura, el énfasis ha estado puesto en la protección del Valor Universal Excepcional de Machu Picchu, un concepto clave ante los ojos de la Unesco, pero que muchas veces se ha usado como escudo para evitar decisiones incómodas. El reto será demostrar que la conservación no es solo restricción, sino también inversión real en investigación, mantenimiento, accesos adecuados y condiciones dignas para quienes trabajan dentro del santuario.
En el plano ambiental, el Plan Maestro plantea objetivos ambiciosos frente a amenazas concretas como los incendios forestales, la contaminación de fuentes hídricas y los efectos del cambio climático. Sin embargo, la experiencia reciente muestra que las respuestas suelen ser reactivas y tardías. La protección de especies emblemáticas como el oso andino o el pato de los torrentes requiere presupuesto sostenido y presencia efectiva del Estado, no solo buenas intenciones.
El componente turístico, defendido por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, vuelve a situar el debate sobre el aforo y la capacidad de carga. La ministra Teresa Mera ha señalado que se mantendrá el número actual de visitantes mientras se elabora un nuevo estudio técnico, financiado con recursos transferidos a SERNANP. Aquí surge otra interrogante clave: ¿por qué un destino que genera millones de soles anuales sigue dependiendo de estudios que siempre llegan tarde, cuando el daño ya está hecho?
El propio sector empresarial ha puesto el dedo en la llaga. Juan Stoessel, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Cusco, ha reconocido la importancia del nuevo Plan Maestro, pero ha sido directo al señalar la falta de inversión histórica en Machu Picchu. Durante años, los recursos generados se han ido, principalmente, al pago de planillas, sin concretar obras estructurales como nuevos accesos, un centro de visitantes o alternativas de transporte que descongestionen el área.
Más allá de las declaraciones, el Plan Maestro promete consolidar, hacia el 2046, un modelo de gestión integrada y gobernanza ejemplar a nivel mundial. Esa proyección, sin embargo, contrasta con la realidad actual: conflictos recurrentes, servicios cuestionados, informalidad tolerada y una población local que muchas veces siente que Machu Picchu se gestiona desde Lima, sin comprender la complejidad del territorio.
La aprobación del Plan Maestro 2026–2030 es, en efecto, una oportunidad histórica. Pero también es una prueba de fuego para las autoridades nacionales, regionales y locales. Si este documento termina archivado, incumplido o manipulado según intereses de turno, Machu Picchu no solo habrá perdido cinco años más, sino credibilidad. Hoy el Cusco observa, cuestiona y exige que, por una vez, la gestión del Santuario esté a la altura de su valor y de su historia.