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domingo, septiembre 26, 2021
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VERGONZOSA ACTUACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL

Acciopopulista Jorge Segura evitó que Comisión de Ética investigue a Lizeth Auccapure y Jheidi Hancco

El pasado miércoles en horas de la tarde se produjo un hecho por demás vergonzoso en el Consejo Regional del Cusco, propio del Congreso de la República disuelto, que sobresalía más por los “blindajes” que por otras acciones. Los consejeros prácticamente protegieron a las legisladoras Lizeth Auccapure y Jheidi Hancco, quienes están acusadas de firmar documentos oficiales del consejo como tituladas sin haber obtenido dicho grado. Durante la sesión, el consejo discutió la ampliación de plazo por 15 días para que la Comisión de Ética y Disciplina continué con la investigación a ambas legisladoras por el caso de los títulos que les había sido encargado a través de un acuerdo regional, sin embargo cuando este proceso era solo un mero trámite, increíblemente fue rechazado, con lo que el grupo de trabajo no podrá emitir ningún dictamen. La votación quedó empatado a ocho votos y de acuerdo al reglamento el presidente del consejo regional debía dirimir y así lo hizo. Cuando todos pensaban que el presidente Jorge Luis Segura votaría a favor de la ampliación de plazo para la investigación, este hizo todo lo contrario.

SEGURA SALVADOR

El voto decisivo del presidente del Consejo Regional del Cusco, Abog. Jorge Luis Segura y secretario regional de Acción Popular salvó a las consejeras regionales, quienes ya no podrán ser investigadas en el consejo a pesar de las pruebas como el informe del OCI y la denuncia ante el Ministerio Público por parte de la procuraduría. Si bien el Ministerio Público ya investiga el caso en lo penal, sin embargo el Consejo Regional del Cusco tiene su propio reglamento que, de hallarse responsabilidades podría pedir incluso que se les sancione de acuerdo a la gravedad de los hechos según el dictamen que pudieran emitir, pero quedaron con las manos atadas por una actuación cuestionable de Segura. El consejero Néstor Velasco, al igual que la legisladora Rocío Palomino, integrantes del referido grupo de trabajo se mostraron indignados y señalaron que prácticamente se les ha quitado esta facultad de investigar y por tanto no podrán hacer más al respecto, salvo que se conforme una comisión especial para investigarlas. El primero de ellos incluso señaló sentir hasta vergüenza por el consejo y se preguntó. ¿Con que moral el Consejo ahora podría investigar al ejecutivo?, esto en clara mención de que el poder legislativo habría “blindado” a las legisladoras. El presidente de la Comisión de Ética y Disciplina, José Melo refirió que solo habían pedido 15 días para concluir con la investigación y después emitir un dictamen para que sea discutido en el pleno, pero la mayoría no quiso que fuera así, quien además precisó que ellos pidieron la prórroga cumpliendo las normas del consejo.

LOS HECHOS.

Como es de conocimiento, el Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional hace un mes a través del Informe Alerta de Control N° 0042019-GRC/OCI/5337 señaló que las consejeras antes mencionadas utilizaron sellos conteniendo abreviaturas de títulos profesionales que no ostentaban. Ambas legisladoras firmaron documentos desde enero como tituladas sin serlos; es más, en el caso de la legisladora Auccapure incluso cuando se presentó como candidata a la consejería en su declaración jurada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) había consignado el grado de ingeniera y además haber laborado como tal en la municipalidad de Occobamba en la provincia de La Convención. Es preciso señalar que ambas consejeras recién meses atrás obtuvieron su grado de título, con lo que se evidenció que firmaron documentos oficiales desde enero sin haber obtenido el grado. A eso hay que sumar que el pasado 09 de octubre la Procuraduría Pública del Gobierno Regional denunció penalmente ante el Ministerio Público a ambas legisladoras por el presunto delito de ejercicio ilegal de la profesión con las pruebas del OCI. Sin embargo el caso de la legisladora de Cusco, Lizeth Auccapure es aún más grave debido hay otro Informe Alerta de Control N° 006-2019-GRC/OCI/5337 donde señala que, a pesar que los consejeros hasta el segundo grado de consanguinidad están impedidos de contratar con el Estado, sin embargo sus padres participaron en un proceso de selección por más de un millón 600 mil soles en el Proyecto Especial del Instituto de Manejo y Agua (IMA) en el mes de mayo del presente año. Si bien sus padres no participaron directamente en el proceso, sin embargo si lo habrían hecho a través de la empresa Consorcio Virgen del Carmen, con quien suscribieron una minuta de transferencia de Concesión Minería no Metálica cuando este proceso debió de realizarse al TUO de la Ley de Minería en el que se señala que los contratos mineros constarán en escritura pública y deberán inscribirse en el Registro Público de Minería para que surtan efecto frente al Estado y terceros, hecho que no se realizó. El informe refiere incluso que cuando se le dio la buena pro a la otra empresa, la cantera de minería no metálico denominado “Yuri Sandra Jhean Manuel” aún pertenecía a los padres de la legisladora, pues antes del proceso de selección el Consorcio Virgen del Carmen había señalado que extraería los materiales de esta cantera, la misma que pertenece a los padres de la legisladora Lizeth Auccapure.

INTERVINO CONSEJERA

Según OCI se evidenció que la legisladora Lizeth Auccapure intervino en recopilar información sobre el desarrollo de la licitación; es decir antes de la buena pro y después requirió información al IMA con carácter de urgencia y fecha para la entrega de la misma. OCI señala que ante la respuesta del IMA que le señala que no podía entregar lo requerido debido a que los expedientes estaban aún en manos del comité de selección, la legisladora envía otro documento bajo causal de interpelación contra el director de la institución. De la misma manera la consejera coincidentemente antes de la suscripción del contrato requirió información a la Dirección Regional de Energía y Minas el 23 de mayo sobre el proyecto no Metálico “Amaru”, empresa que finalmente gano la buena pro compuesta por Brand Orión Quispe Loaiza, Procaning SRL, Camec Ingenieros SAC y Grupo Sharmely EIRL.

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