Inversión millonaria de Mincetur pone en riesgo el patrimonio y no garantiza seguridad.
En 2023, el Plan COPESCO Nacional –unidad ejecutora del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)– adjudicó la elaboración del expediente técnico para implementar un sistema de videovigilancia en el Llaqta de Machu Picchu. El objetivo: aumentar la seguridad en uno de los destinos turísticos más importantes del planeta. La inversión: más de 322 mil soles, destinados exclusivamente a la elaboración del expediente técnico, que incluía el diseño, memoria de cálculo, planos, especificaciones y criterios de instalación para un futuro sistema de videovigilancia en Machu Picchu.
La idea parecía sencilla y legítima. Pero lo que debía ser un proyecto estratégico para resguardar el patrimonio cultural de la humanidad, hoy se ve cuestionado por fallas técnicas graves, decisiones de alto impacto arqueológico y un expediente que especialistas califican como inviable y sobrevalorado.
El informe técnico fue elaborado por la empresa Corporación Peruana de Ingeniería y Tecnología S.A.C. Según el contrato, debía incluir cálculos de consumo energético, estrategias de instalación no invasiva y un sistema de transmisión robusto. Nada de eso se había verificado en la práctica.
PANELES NO FUNCIONAN
Uno de los ejes del proyecto es el uso de paneles solares de 60W (sesenta vatios de potencia nominal), que según el expediente técnico serían los encargados de alimentar las cámaras de vigilancia, incluyendo dispositivos PTZ (cámaras que giran, se inclinan y hacen zoom, usadas para vigilancia de gran alcance) que consumen más de 10W. Sin embargo, en Machu Picchu, la radiación solar efectiva es de solo tres horas por día en invierno, y la nubosidad constante limita aún más su rendimiento.
“El sistema no va a funcionar bien”, afirma el ingeniero Alfredo Tello, especialista en telecomunicaciones, egresado de la UNI y consultor con más de 20 años de experiencia. “Los paneles de esas características no garantizan funcionamiento continuo, sobre todo de noche. Se requiere un respaldo energético adicional, y eso no está contemplado”, señala.
Más aún, algunos paneles están proyectados para ser colocados en interiores o zonas cerradas, lo cual, según Tello, “reduce drásticamente su eficiencia. Es un error de diseño que compromete la autonomía del sistema”.
Cuando se le preguntó si se podía ocultar los paneles solares para no afectar visualmente el entorno arqueológico, Tello fue contundente: “No hay forma de camuflar un panel sin perder eficiencia. Siempre generan contaminación visual. Y los paneles propuestos miden más de dos metros: son invasivos por defecto”.
¿PARARRAYOS SOBRE MUROS INCAS?
El expediente también contempla la instalación de 35 pozos a tierra y 21 pararrayos, con ubicación prevista en zonas extremadamente sensibles del santuario histórico. En lugar de buscar métodos no invasivos, el proyecto propone excavar zanjas horizontales de hasta 2.5 metros de largo junto a muros incas, lo que representa una amenaza directa a su estabilidad estructural. Las imágenes del expediente son claras: se planea intervenir áreas contiguas a estructuras arqueológicas con obras que podrían fracturar cimientos, alterar drenajes naturales y poner en riesgo físico elementos del patrimonio milenario. En un contexto internacional, este tipo de intervención sería inaceptable. Pero en este caso, ha sido formalmente propuesta dentro de un proyecto público financiado por el Estado peruano.
“Eso es lo más preocupante”, señala Tello. “Los pozos a tierra son totalmente invasivos. No se puede intervenir el patrimonio con excavaciones de ese tipo. Y si además se suman los pararrayos y los paneles solares, el impacto ya es insostenible”.
Además, el proyecto considera mástiles y cámaras instaladas sobre muros o rocas. Aunque los dispositivos son pequeños, el problema —según el experto— es la presión lateral sobre las estructuras. “Los mástiles deberían ser de fibra de vidrio y estar mimetizados, pero nunca en contacto directo con los muros. Eso es una intervención inaceptable”, advierte.
Pero no termina ahí. Hay más observaciones al proyecto. El expediente técnico propone usar la red pública 3G/4G para conectar las cámaras con el centro de monitoreo. Pero los datos oficiales de OSIPTEL revelan que la velocidad promedio en Machu Picchu es de solo 2.66 Mbps en 4G, y apenas 0.58 Mbps en 3G. Las cámaras PTZ, en cambio, requieren entre 10 y 30 Mbps para funcionar correctamente.
“La red celular está colapsada. Cada día ingresan más de 5,000 turistas, y el 90% usa la red 4G. No hay forma de transmitir video en tiempo real desde esa red”, explica el ingeniero Tello. “El proyecto va a fallar desde el primer día”.
Según el especialista, la solución viable sería una red privada, combinando fibra óptica energizada y enlaces inalámbricos de alta disponibilidad. “Ese tipo de solución ya se ha usado en sitios patrimoniales como el Partenón en Grecia o Pompeya en Italia. No se puede improvisar en un sitio como Machu Picchu”, agrega.
EXPEDIENTE CARO
El contrato firmado con la empresa consultora establece un pago de S/ 322,000 y un plazo de 60 días calendario. Sin embargo, el expediente fue entregado más de un año después, sin memoria de cálculo, sin estudio de impacto visual, sin respaldo energético viable ni soluciones de conectividad efectivas.
¿Justifica este expediente su costo? Tello responde sin rodeos: “Este producto final no es eficiente ni ejecutable. Tiene que ser reformulado, y eso implica asumir gastos adicionales. Está sobrevalorado. No se puede implementar correctamente en el estado en que está”.
IMPROVISACIÓN
Frente a la gran interrogante —si un proyecto tan costoso y técnicamente cuestionable puede implementarse sin vulnerar el patrimonio cultural de Machu Picchu—, el ingeniero Alfredo Tello, especialista en telecomunicaciones, no titubea:
“Definitivamente no. Este expediente no resuelve el problema. Es un proyecto mal planteado, técnicamente débil y peligroso para el patrimonio. No se puede alterar visualmente el entorno con paneles solares, pozos a tierra y bancos de baterías, cuando existen tecnologías adecuadas y responsables”.
¿Debe el Estado seguir impulsando proyectos de seguridad que no garantizan resultados ni respetan el patrimonio cultural del país? ¿Quién asume la responsabilidad cuando una propuesta técnica termina siendo una amenaza real para la historia milenaria del Perú?
ALERTA FINAL
El caso de la videovigilancia en Machu Picchu revela una peligrosa mezcla de improvisación tecnológica, mala ejecución pública y falta de visión patrimonial. Cuando se trata de proteger un santuario reconocido como patrimonio de la humanidad y su importancia sacra, no hay margen para errores.
Implementar tecnología en un entorno como Machu Picchu exige rigor, experiencia y respeto. Lo que está en juego no es solo la eficiencia de una red de cámaras, sino la integridad de un legado milenario que no se puede reconstruir si se destruye.