Una preocupante contradicción se vive al interior de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Mientras cerca de 800 obreros y profesionales de al menos diez proyectos patrimoniales permanecen sin trabajo desde febrero debido al no reinicio de obras, la actual gestión encabezada por Diego Jesús Pajares Andonayre viene destinando miles de soles a la contratación de asesores externos en su despacho.
El caso que más llama la atención es el de la abogada limeña Mónica Lucía Ugarte Quijandría, quien, según registros del SIAF correspondientes al 2026, habría percibido aproximadamente 44 mil soles en apenas 100 días de servicios. Su labor, de acuerdo a la documentación revisada, consistía en acompañar al director en reuniones y comisiones, en lugar de desarrollar informes técnicos especializados vinculados directamente a la conservación del patrimonio.
Sin embargo, no sería el único contrato cuestionado. Nelly Stefanny Moreno Vilva fue incorporada para labores vinculadas a la supervisión de la Contraloría y el Portal de Transparencia; no obstante, dicho portal continúa desactualizado y sin información clave sobre bienes y servicios. A su vez, Betty Calderón Domínguez habría sido contratada por cerca de 40 mil soles para realizar seguimiento en materia de integridad y ética institucional, en medio de crecientes críticas a la actual administración.
A esta lista se suma el arqueólogo Álvaro Arturo Ruiz Rubio, quien también fue contratado para emitir opiniones sobre instrumentos de gestión como el PMAR y el PIA. En conjunto, cuatro asesores habrían concentrado una inversión cercana a los 164 mil soles en un periodo de apenas cien días, mientras las obras de conservación permanecen paralizadas y sin fecha clara de reinicio.
De acuerdo al Informe N.º 00036- 2026 de la Unidad de Gestión de Inversiones, dirigido al propio Pajares, la entidad tiene la obligación de garantizar no solo el presupuesto asignado a los proyectos de inversión pública, sino también el personal técnico y administrativo necesario para su ejecución inmediata. La paralización de intervenciones en sitios como Yuraqrumi, Incarakay, Pan de Azúcar, Waqrapukara y Hornopata —varios de ellos con más del 75 % de avance físico— podría incluso poner en riesgo la integridad del patrimonio cultural.
La situación se agrava si se considera que una sentencia judicial ordenó la reposición de Rosa Elvira Delgado Díaz como secretaria; sin embargo, actualmente estaría cumpliendo funciones de abogada dentro de un órgano técnico colegiado. Especialistas advierten que cualquier dictamen emitido bajo esa condición podría ser declarado nulo, al no contar con el respaldo contractual correspondiente.
El trasfondo revela una preocupante discriminación presupuestal: mientras el denominado “círculo de confianza” recibe honorarios de miles de soles, la fuerza operativa encargada de ejecutar obras continúa en espera. En ese escenario, surge una pregunta inevitable: ¿por qué se priorizan asesorías administrativas cuando existen proyectos patrimoniales inconclusos que demandan intervención urgente?
La paradoja resulta aún más evidente al revisar el discurso previo del propio director, quien en su trayectoria sindical cuestionó el uso indebido de recursos públicos. Hoy, con presupuestos certificados destinados a consultorías mientras los proyectos permanecen detenidos, el debate sobre la real orientación de la gestión en la DDC Cusco queda abierto.
Con obras paralizadas y contratos en marcha, el patrimonio cultural cusqueño vuelve a estar en el centro de una discusión que trasciende lo administrativo y apunta directamente a la gestión de prioridades dentro de una de las instituciones más importantes de la región.