Convocatorias cada vez tienen menos apoyo de la ciudadanía.
En el pasado mes de julio, diferentes organizaciones sociales del Cusco se sumaron a la denominada ‘Tercera toma de Lima’ con el objetivo de destituir a la presidenta Dina Boluarte y al Congreso de la República. Tras esta acción, en una reciente conferencia de prensa, los dirigentes anunciaron que mantendrán las protestas y seguirán manifestando su rechazo hacia los poderes del Estado. Aunque aún no han establecido una fecha definida para el reinicio de las acciones de protesta, ni la modalidad que se emplearán para dichas acciones, los dirigentes han dejado claro que no se han rendido, a pesar de los cuestionamientos y denuncias que han recibido por parte de diferentes sectores. “Vamos a continuar en la brega de rescatar la democracia conjuntamente con las organizaciones a nivel nacional, porque está es una lucha política, queremos rescatar la democracia. Porque los poderes del Estado, el pueblo los ha instituido, para que estás instituciones sirvan para beneficio del país, pero, en los últimos 30 años estás instituciones sirven a un grupo de la élite económica de la derecha conservadora. Nosotros queremos la democratización, por eso vamos a continuar organizandonos. (…) Tenemos que ser sinceros que tenemos que ingresar a una etapa de reorganización, tanto a nivel distrital, provincial y regional. Vamos a convocar a un congreso regional para poder reoxigenar y dinamizar la lucha política nacional, así como la regional”, expresó Antonio Maquera, representante de la Coordinadora de Organizaciones del Cusco. Sin embargo, el anuncio de continuar con las protestas sociales no está exento de dificultades. Cada vez se percibe menos apoyo debido a que las protestas de meses anteriores generaron una grave crisis económica que afectó la reactivación económica y turística en la región del Cusco. Esta situación ha generado un amplio debate en la opinión pública. Mientras algunos ciudadanos respaldan las demandas de los dirigentes sociales, otros cuestionan la viabilidad y pertinencia de mantener estas protestas en un contexto de recuperación económica y estabilidad institucional. Además, se han levantado voces que apuntan a la necesidad de buscar mecanismos alternativos para resolver las demandas sociales, como el diálogo y la búsqueda de consensos entre los distintos actores políticos y sociales involucrados. Los dirigentes sociales argumentan que su lucha es legítima y que continuarán en la defensa de los derechos de las comunidades y la justicia social, aunque esto implique enfrentar adversidades y críticas por parte de diversos sectores. Asimismo, también han decidido dar una atención especial a la agenda regional, en la busqueda de solución a las principales necesidades de la región relacionadas al sector sanitario, educación y otros. “Estamos retomando una agenda regional, (¿porqué) en que quedará el hospital Antonio Lorena?¿El nuevo hospital de especialidades que debe construirse en el Cusco en los terrenos del hospital Regional? Del cual no se habla. La masificación del gas, la (planta) petroquímica tiene que haber en Cusco. Estos temas vamos a reiniciar (a atender)con el gobernador regional”, aseveró Maquera. En este contexto, las autoridades gubernamentales han llamado a la calma y al diálogo, instando a los dirigentes a buscar vías pacíficas y constructivas para expresar sus demandas y preocupaciones. La polarización de opiniones y la creciente desconfianza hacia las protestas sociales en el Cusco plantean un desafío importante para encontrar una salida consensuada y equitativa a las problemáticas planteadas por los dirigentes sociales locales. La sociedad civil y las autoridades deben trabajar en conjunto para encontrar soluciones efectivas que atiendan las necesidades y demandas de la población, y que nos permitan seguir reactivandonos.
