Pobladores afirman que sus costumbres, espacios y reclamos son ignorados frente al crecimiento de establecimientos cuestionados.
Dos semanas después de que vecinos de Pisaq denunciaran presuntos actos de discriminación y exclusión por parte de ciudadanos israelíes asentados en la localidad, la tensión no solo persiste, sino que se ha profundizado. Lo que inicialmente fue presentado como un reclamo por el respeto de las costumbres locales, el orden público y la seguridad ciudadana, hoy se ha convertido en un conflicto social que enfrenta a pobladores con autoridades que, según denuncian, han optado por la indiferencia.
Las primeras denuncias surgieron cuando residentes cuestionaron la existencia de establecimientos que restringirían el ingreso de personas que no pertenecen a la religión judía. Para los vecinos, estas prácticas representan una forma de discriminación incompatible con la legislación peruana y con la tradición de convivencia intercultural que caracteriza al Valle Sagrado de los Incas. Sin embargo, pese a las reiteradas quejas, los locales continúan funcionando sin mayores restricciones.
La preocupación de los pobladores va más allá de un problema de acceso. Diversos testimonios recogidos por este medio señalan que algunos establecimientos operarían sin contar con todas las autorizaciones correspondientes, situación que habría sido puesta en conocimiento de las autoridades municipales sin que hasta el momento se adopten medidas concretas. La sensación predominante entre los vecinos es que existe una evidente falta de fiscalización frente a actividades que consideran irregulares.
Durante una reciente visita realizada por el grupo Qosqo Times, se intentó ingresar a uno de los establecimientos cuestionados. Sin embargo, el acceso fue impedido por sus administradores, quienes argumentaron que se trataba de un espacio destinado a actividades exclusivas de su comunidad religiosa. Este hecho alimentó aún más las críticas de los pobladores, quienes sostienen que las restricciones no se limitan a determinados días de la semana, sino que serían permanentes.
A la controversia se suma una nueva denuncia. Los vecinos que decidieron brindar testimonios públicos sobre la problemática aseguran que actualmente enfrentan actos de hostigamiento y seguimiento por parte de integrantes de la comunidad señalada. Aunque estas acusaciones deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes, los denunciantes afirman sentirse vulnerables por haber expuesto públicamente una situación que consideran afecta la convivencia social en el distrito.
La falta de respuestas institucionales ha incrementado el malestar ciudadano. Recientemente, la Municipalidad Distrital de Pisaq informó sobre operativos realizados junto a Migraciones; sin embargo, las intervenciones estuvieron orientadas principalmente a la verificación de la situación migratoria de ciudadanos extranjeros y no a la fiscalización de establecimientos cuestionados por los vecinos. Para los denunciantes, estas acciones resultan insuficientes frente a la magnitud del problema.
Detrás del conflicto emerge además una preocupación más profunda. Comerciantes, artesanos y dirigentes locales advierten que Pisaq podría estar experimentando un proceso de desplazamiento cultural progresivo, donde determinados grupos económicos y sociales adquieren una influencia cada vez mayor sobre la dinámica cotidiana del distrito. Temen que las costumbres, espacios públicos y formas tradicionales de convivencia terminen siendo relegadas por prácticas ajenas a la realidad local.
La controversia también ha abierto el debate sobre el papel que cumplen las autoridades frente a situaciones que involucran derechos fundamentales. La Constitución peruana prohíbe cualquier forma de discriminación por motivos de religión, nacionalidad o condición social. Por ello, los vecinos consideran indispensable que las instituciones competentes determinen si las restricciones denunciadas vulneran o no el marco legal vigente.
Mientras las denuncias continúan acumulándose y las autoridades mantienen silencio sobre varios de los cuestionamientos planteados, Pisaq enfrenta uno de los episodios más delicados de los últimos años. Lo que comenzó como una demanda por respeto y convivencia ha terminado exponiendo una pregunta que sigue sin respuesta: ¿por qué las denuncias de los pobladores no han generado hasta ahora una intervención efectiva de las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley?