Contraloría halló responsabilidad en varios de ellos durante el periodo 2012 -2018
La Contraloría General de la Republica halló responsabilidad penal, civil y administrativo en 19 ex funcionarios y ex servidores el Proyecto Especial Plan Meriss del Gobierno Regional del Cusco en la realización de estudios técnicos de la obra “Mejoramiento de la infraestructura de riego mayor Pallallaje” en la provincia de Espinar. Las irregularidades encontradas habrían generado un perjuicio económico de S/ 2’ 165 969 entre los años 2012 -2018.
De acuerdo al Informe de Auditoría N° 10483-2020-CG/GRCU-AC, la entidad regional pagó por estudios y diseños complementarios de la represa Pallallaje (estudios de terreno) que no cumplieron con los términos de referencia y cuyo diseño presentó inconsistencias frente a los estudios geotécnicos, situación que ocasionó la paralización de la obra y un perjuicio económico por el monto de S/ 2´ 095 349.
Asimismo, señala que directores ejecutivos y servidores de la entidad suscribieron hasta tres adendas y dos acuerdos conciliatorios, con los cuales se aprobó mayores plazos y trabajos adicionales a favor del Consorcio HC-INCISA, con los cuales beneficiaron a la empresa consultora en el pago de prestaciones adicionales sin sustento, además permitieron que una penalidad este pendiente de cobro. Estas acciones afectaron los intereses de la entidad y alteraron el correcto funcionamiento de la administración pública.
Además, los ex funcionarios del Plan Meriss otorgaron conformidad a los informes de actividades y avances del contratista, a pesar de que fueron entregados fuera de los plazos establecidos, ocasionando otro perjuicio económico de S/ 70 620.
Los resultados del informe de auditoría fueron notificados al Director Ejecutivo del Proyecto Especial Plan Meriss – Cusco, Luís Aragón Graneros y a la Procuraduría Pública para el inicio de las acciones legales contra los presuntos responsables.
MALA RECEPCIÓN
Asimismo, la comisión de control identificó que los exfuncionarios de la entidad recepcionaron y dieron conformidad a un equipo de perforación de diamantina que costó S/ 971 925 y que no cumplió las especificaciones técnicas. Este equipo dejó de funcionar desde el 2018 debido a fallas mecánicas. Se señala además que no se identificó el sustento de la necesidad de contratar el equipo de perforación diamantina para los proyectos Quisco y Pallallaje.
Asimismo, durante el proceso de compra se realizó modificaciones a las especificaciones técnicas del equipo de perforación sin acreditar el sustento técnico, entre otros.
COMPRA DE REPUESTOS
De otro lado, se advirtieron irregularidades en los procesos de selección para la adquisición de repuestos para una excavadora. Los ex servidores encargados del comité de selección permitieron que un postor obtuviera puntaje adicional y se le otorgue la buena pro. Además, dilataron los plazos establecidos para la entrega de los bienes.
En este punto, el comité de selección en la etapa preparatoria – según la Contraloría- incorporó un factor de evaluación denominado “reposición del bien defectuoso”, y estableció una metodología distinta a la asignación del puntaje, situación que permitió a una de las empresas a obtener un puntaje adicional y con ello se le otorgó la buena por el importe de S/ 109, 989,90, entre otros.
RESPONSABLES
Los ex trabajadores: Darwin Castillo Barrantes, Fredy Condorhuamán Challco José Carlos Pereira Alagón, Iván Luis Alarcón Manini, Yhoni Carmela Cervantes Tapia, Reynaldo Flórez León, Javier Guevara Reime y Manuel Otilio Campos tendrían responsabilidad en los actos de presunta corrupción.
Asimismo, está el ex Asesor Legal Administrativo de la entidad, José Antonio Nina Pacheco y la ex directora de Administración, Martha Mérida Fernández Mendoza.
OTROS NOMBRES
También están los ex servidores: Carlos Demetrio Torres Galiano, Roger Labra Llamo, Edwin Astete Samanez, Óscar Milla Noblega, Rolando Juan Chevarría Ochoa, Vila Miluska Chacón Gallegos y Carlos Enrique Ramos Salinas.
FUNCIONARIOS DE CONFIANZA
Asimismo, la responsabilidad penal alcanza a ex directores de la entidad como el caso de Iván Ramos Pastor y Ronal Luis López Zapana. Este último ocupó el cargo en la gestión del ex gobernador Edwin Licona.
Sobre López Zapana, el informe señala que actuó al margen de sus funciones como Director Ejecutivo, establecidos en el Manual de Operaciones de la entidad; además habría favorecido al Consorcio HC-INCISA con pagar adicionales que no correspondían, entre otros. Con su accionar ocasionó la afectación a los intereses de la Entidad y la alteración del correcto y regular funcionamiento de la administración pública, señala el documento.
Sin embargo, otro punto que llama la atención es el Acta de Conciliación N° 052-2015/CCS” de 7 de septiembre de 2015, advirtiéndose que López Zapana anteriormente junto con otros servidores había formado parte del equipo del Consorcio, en calidad de personal clave y luego pasó a ser director de la entidad del Gobierno Regional del Cusco. En este periodo permitió que se dejara sin efecto la resolución de contrato a pesar de reiterados retrasos en el contrato y por el contrario se firmó una tercera adenda y favoreció a la entidad privada, donde laboró anteriormente.
