Presidente de la Comisión de Juristas pide al ente electoral fiscalizar y aplicar sanciones
De acuerdo con el Decreto Supremo Nro. 082-2022-PCM, se estableció que las autoridades, funcionarios y servidores públicos serán sancionados si realizan proselitismo político a favor de una determinada candidatura o en contra de una organización política en estas Elecciones Regionales y Municipales 2022, sin embargo, esta disposición parece no importarles a algunos trabajadores del Estado.
DENUNCIA
Al respecto el presidente de la Comisión de Juristas de Cusco, Heracleo Cereceda, mencionó tres casos de vulneración a la norma electoral que señala debe existir una posición neutral. En el documento se consigna que el primer caso es del actual director del hospital Antonio Lorena, Abel Paucarmayta, quien postula a la Municipalidad Provincial de Anta por el partido Somos Perú, quien viene haciendo labores proselitistas. Por otra parte, la consejera de la provincia de Calca, Rocío Palomino, también estaría haciendo actividades proselitistas debido a que postula a la alcaldía de la municipalidad de Calca por el Movimiento Regional Inka Pachacútec. Y a esta lista se sumaría el consejero por la provincia de Canchis, Rolando Cornejo, quien en un vídeo admite estar apoyando al Movimiento Regional Inka Pachacútec. En todas estas denuncias, la comisión de juristas adjunta fotografías y vídeos.
“No es ético que se tenga este tipo de actitudes, entiendo que la norma establece que los candidatos tienen hasta 30 días antes de las elecciones para poder dejar sus trabajos, si es que están en el ámbito público y empezar a realizar su campaña. La mayoría hace caso omiso a ello y continúan con su campaña y no hay supervisión de los entes electorales o Contraloría” mencionó Cereceda.
El jurista también pidió que estas infracciones sobre la neutralidad, puedan ser tomadas en cuenta por los jurados electorales correspondientes, debido a que la norma es clara, incluso se estipula procedimiento sancionador en contra de los que la vulneren.
OTROS CASOS
En la provincia del Cusco, tenemos a dos actuales autoridades que buscan ser elegidas. Por ejemplo, Willian Peña, espera ser elegido nuevamente alcalde del distrito de Wánchaq. Recientemente se difundió un audio donde presuntamente el jefe de la Ofician de Seguridad Ciudadana pedía a los trabajadores contribuir con aportes para financiar la campaña de la actual autoridad, este hecho fue descartado por el alcalde y el funcionario presentó su renuncia.
El actual alcalde del distrito de San Jerónimo, Albert Arenas aspira ser alcalde de Cusco, y mientras sus pobladores le reclaman que culmine algunos proyectos truncos en esta jurisdicción, en lugar de estar enfocado en su campaña. En este caso también se advirtió que algunos presuntos trabajadores del municipio, en horario de trabajo estarían realizando proselitismo y guerra sucia a los posibles contendores.
Sin embargo, no solo en municipalidades se ve esta figura de trabajadores haciendo proselitismos por algunos partidos políticos, sino también por parte de algunos trabajadores del Gobierno Regional del Cusco, quienes recientemente fueron vistos apoyando a determinados candidatos de Alianza para el Progreso, si bien pudieron haber pedido permiso en su centro laboral como establece la Ley, son días no trabajados en beneficio de la ciudadanía.
SANCIONES
El decreto también explica que cualquier persona puede denunciar, de manera reservada o anónima, a las autoridades, funcionarios y servidores públicos que transgredan la norma al apoyar o ir en contra de un candidato. Las denuncias pueden presentarse a la entidad, a través de la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano e incluso a los Jurados Electorales Especiales competentes para el inicio del procedimiento sancionador.
En caso de que el denunciante sea hostigado o amenazado las entidades públicas deben de asegurar el otorgamiento de medidas de protección, conforme a los alcances del Decreto Legislativo Nro. 1327, que establece medidas de protección para el denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe.
Sobre las sanciones; los funcionarios y servidores públicos que incurran en incumplimiento serán pasibles de las sanciones de amonestación, suspensión de goce de remuneraciones, destitución e inhabilitación conforme a la Ley del Servicio Civil Nro. 3005, y a las sanciones establecidas en otras normas que resulten aplicables, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que se pudieran iniciar.
Sobre las prohibiciones, la norma establece que los funcionarios y servidores no deben expresar sus preferencias políticas, así como tampoco usar prendas con colores o símbolos que identifiquen agrupaciones políticas y/o a sus candidatos, esto en sus espacios de trabajo.
PROHIBIDO
Igualmente, deben evitar e impedir que los bienes y recursos públicos sean usados en favor o en contra de alguna candidatura o grupo político y no condicionar, jamás, sus servicios a la ciudadanía por su filiación o simpatía política.
Tampoco pueden emplear su posición, su cargo y su horario de trabajo para influenciar políticamente sobre sus colegas o personas a su cargo. Sobre el uso de bienes y recursos públicos, los funcionarios o servidores no pueden exhibir propaganda electoral dentro de la entidad en la que trabajan ni disponer que lo hagan en otra institución pública y deben impedir que los bienes y recursos públicos sean usados en favor o en contra de alguna candidatura o grupo político.