Sala Penal de Apelaciones detectó que juezas no estuvieron presentes en audiencias clave; caso será nuevamente juzgado.
Un hecho que deja al descubierto serias deficiencias en la administración de justicia en Cusco. La 2da Sala Penal de Apelaciones revisó el caso de Zoran Miguel Pérez Guevara, un joven condenado en diciembre de 2024 a 20 años de cárcel efectiva y al pago de 20 mil soles de reparación civil por el delito de violación sexual, y determinó graves irregularidades en el proceso que llevaron a anular la sentencia y ordenar un nuevo juicio.
En febrero de este año, Zorán Pérez fue sentenciado a 20 años de pena privativa de libertad efectiva por hallársele culpable por el delito contra la libertad, en su modalidad de violación de la libertad sexual, subtipo violación de persona en incapacidad de dar su libre consentimiento, previsto y sancionado en el artículo 172 del Código Penal, en grado de consumado, sentencia emitida por el Primer Juzgado Penal.
Sin embargo, ocho meses después, durante la revisión, el colegiado advirtió que las juezas Carla Lívano Córdoba e Ingrid Farfán Vargas, quienes firmaron la condena, no estuvieron presentes en audiencias determinantes, incluyendo las diligencias de Cámara Gesell, declaraciones de testigos y la actuación de pruebas principales. Peor aún, se comprobó que participaban simultáneamente en otros juicios, lo que impidió que perciban directamente las pruebas que sustentaron la sentencia.
“Tenemos un grave problema en la administración de justicia. Algunos jueces no comprenden que su principal función es escuchar y percibir directamente la prueba. No se puede condenar sin haber estado presente en el juicio”, señaló el abogado Ramiro Alatrista, defensor de Zoran Pérez.
ABUSO DE LA VIRTUALIDAD. El abogado denunció además que, durante las audiencias virtuales, las juezas no activaban sus cámaras, incumpliendo resoluciones administrativas que obligan a garantizar la transparencia del acto procesal. “Así no sabemos si nos escuchan, prácticamente los abogados hablamos a un monitor”, cuestionó Alatrista.
La defensa presentó un exhaustivo trabajo de contraste entre horarios y registros judiciales, confirmando que los magistrados dirigían varios procesos en simultáneo. “De la acusación pasaban a la sentencia como si no existiera juicio oral de por medio”, añadió.
UNA CONDENA SIN PRUEBAS CONCRETAS. De acuerdo con el expediente, no existen exámenes biológicos, signos de violencia ni testigos directos que acrediten la acusación. El abogado sostuvo que el relato de la presunta víctima resulta incoherente y contradictorio con las pruebas audiovisuales presentadas.
“No hay una sola evidencia incriminatoria que justifique la condena. La justicia debe basarse en pruebas, no en suposiciones”, enfatizó la defensa.
HABLA ZORAN. En diálogo exclusivo con Tendencia Semanal, Zoran Pérez relató los meses que vivió oculto, tras ser condenado:
“Los días fueron crueles. Han sido más de 300 días luchando por mi libertad. A lo largo de mi vida solo me dediqué a progresar. Viví la hipocresía de personas que decían ser mis amigos. Hoy alzo la voz por los inocentes que están presos injustamente. No se rindan, confíen en Dios”, expresó.
INVESTIGACIÓN EN LA JNJ. Ante los hechos, la Sala Superior remitió copias del expediente a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para que se inicie una investigación disciplinaria contra las juezas involucradas. La denuncia advierte que estas prácticas no solo vulneran el derecho a un debido proceso, sino que ponen en riesgo la credibilidad del sistema judicial.
“No se está trabajando en la valoración real de los testimonios. Cuando se trata de una imputación tan grave, el Ministerio Público debe actuar con objetividad, no solo buscando confirmar la versión del denunciante, sino también del acusado”, sostuvo Alatrista.
NUEVO JUICIO. Con la nulidad de la sentencia, el Poder Judicial dispuso levantar la orden de captura y realizar un nuevo juicio con otro colegiado.
“Esperamos que esta vez los jueces escuchen, vean las pruebas y busquen la verdad”, concluyó la defensa.
El caso de Zoran Pérez Guevara evidencia que la desatención y el uso irresponsable de la virtualidad pueden decidir el destino de una persona. Su nuevo juicio será una prueba no solo para demostrar su inocencia, sino también para medir la capacidad del Poder Judicial de reconstruir la confianza ciudadana en la justicia y garantizar que nunca más se condene sin haber escuchado la verdad en sala.